martes, 17 de octubre de 2017

Señor Puigdemont: así no

Si el discurso de Carles Puigdemont tras el de Felipe VI fue un ejercicio de cinismo que parecía no tener límite, con su carta de respuesta al requerimiento del Gobierno para que aclarase si había declarado o no la independencia, vuelve a superarse. Analicémosla por partes.

La situación que vivimos es de tal trascendencia que exige respuestas y soluciones políticas que estén a la altura. Mi carta quiere contribuir a alcanzar ese tipo de respuestas, que son las que nos pide la mayoría de la sociedad y las que se esperan en Europa, que no entiende otra forma de resolver los conflictos que no pase por el diálogo, la negociación y el acuerdo.

En este sentido, me sorprendió que en su escrito del pasado 11 de octubre anunciara la voluntad de su gobierno de poner en marcha el artículo 155 de la Constitución para suspender el autogobierno de Catalunya.

No le falta razón al afirmar que vivimos una situación de gran trascendencia, pero no por las razones que él cree. Habla de respuestas y soluciones cuando ni responde a lo que se le pregunta, ni aporta solución alguna. Hace referencias vacías al diálogo, la negociación y el acuerdo, pero callando que desde Europa, como desde el Gobierno de España, este diálogo debe ser en el marco de la legalidad.

Sólo un ingenuo o un mentiroso compulsivo puede sorprenderse que, tras un desafío de tal magnitud a la integridad territorial del estado y la convivencia de todos los españoles, se le anuncie la posibilidad de poner en marcha un artículo de la Constitución, aprobada en su momento por una inmensa mayoría de los españoles, incluyendo los catalanes, que podría suponer el fin temporal de la autonomía hasta restaurar la legalidad.

Cuando el pasado día 10, atendiendo a la petición de numerosas personalidades e instituciones internacionales, española y catalanas, le planteé una oferta sincera de diálogo, no lo hice como una demostración de debilidad sino como una propuesta honesta para encontrar una solución a la relación entre el Estado español y Catalunya que lleva bloqueada desde hace muchos años.

Ciertamente la situación lleva bloqueada muchos años, pero Rajoy es más la excusa para explicar este "bloqueo" que la verdadera causa. Las personalidades e instituciones internacionales, que nunca acaba de concretar, lo primero en que le insisten para una mediación de cualquier tipo es que vuelva a la legalidad. Algo no debe estar haciendo bien cuando se lo piden todos. Será quizá que la "sincera oferta de diálogo" de que presume es vista más bien como un "voy a hacer lo que me salga dels collons"

El domingo 1 de octubre, en medio de una violenta actuación policial denunciada por los más prestigiosos organismos internacionales, más de dos millones de catalanes encomendaron la Parlament el mandato democrático de declarar la independencia. A los resultados de este referéndum hay que añadir los de las últimas elecciones al Parlament de Catalunya donde una clara mayoría, un 47,7%, votó fuerzas independentistas, y donde las fuerzas explícitamente contrarias a ella obtuvieron un 39,1%. También es necesario recordar que un 80% de los ciudadanos vienen manifestando reiteradamente la voluntad de decidir su futuro político votando en un referéndum acordado. Aceptar la realidad es el camino para resolver los problemas.

Este párrafo me encanta porque hace bueno el dicho de que si torturas lo suficiente a los números, éstos dirán lo que tu quieras. Un 47,7% sigue siendo menos del 50% y, por otro lado, el bloque independentista no es monolítico (no todo ese porcentaje votaría por la independencia) y las encuestas indican que los resultados en unas nuevas elecciones autonómicas serían aún peores. Quita a propósito el procentaje de votos de las confluencia de Podemos, que no son necesariamente independentistas e intenta confundir a un lector casual equiparando implícitamente un 80% de catalanes que podrían estar por la celebración de un referendum pactado, como personas que votarían por la independencia. Sobre la "violenta actuación policial", parece olvidar que tanto la Comisión como el Parlamento Europeo aprueban el uso proporcionado de la fuerza y han apoyado a Rajoy en este sentido. Recordemos que uno de los apoyos del independentismo catalán que ha "denunciado" el uso de la fuerza era un demócrata convencido como Nigel Farage.

La prioridad de mi gobierno es buscar con toda intensidad la vía del diálogo. Queremos hablar, como lo hacen las democracias consolidadas, sobre el problema que le plantea la mayoría del pueblo catalán que quiere emprender su camino como país independiente en el marco europeo.

Siempre he estado en contra del uso de las cuasipersonificaciones: ¿Quién es el pueblo catalán? ¿De qué mayorías hablamos? Puigdemont y su gobierno ha dejado claro que pueblo catalán es sólo quien está por la independencia y los demás no cuentan. Ha restringido los derechos de la oposición política en el Parlament, conculcando sus propias leyes y pervirtiendo el comportamiento de las instituciones. ¿Y la mayoría? Debemos cambiar la definición de diccionario de la misma, pues en términos del JxSÍ significa menos de la mitad.

La suspensión del mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento. Nuestra intención es recorrer el camino de forma acordada tanto en el tiempo como en las formas. Nuestra propuesta de diálogo es sincera y honesta. Por todo ello, durante los próximos dos meses, nuestro principal objetivo es emplazarle a dialogar y que todas aquellas instituciones y personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir un camino de negociación tengan la oportunidad de explorarlo. Comprobaremos de esta manera el compromiso, de cada una de las partes, en hallar una solución acordada.

No puede haber mandato político de un referendum ilegal con una participación bastante menor del 50% y que en conjunto no representa ni el 40% de la población. No plantea siquiera los términos de la negociación, aunque sabemos que intenta que sea en términos de una igualdad que no es posible legalmente.

Es importante señalar también que no hace una sola mención a la otra Cataluña, la que mostró músculo en una multitudinaria manifestación en Barcelona y que dejó bien claro que no se se siente representada ni apoya ese "mandato político" en el que no han participado.

Por todo lo expuesto, le traslado dos peticiones:

La primera, que se revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Catalunya. Este mismo lunes están citados como imputados en la Audiencia Nacional dos de los líderes de la sociedad civil catalana que han impulsado las manifestaciones pacíficas de millones de personas desde el año 2010. También está citado, en la misma Audiencia Nacional, el mayor del 'Cos de Mossos d'Esquadra', uno de los cuadros policiales con más prestigio de la policía europea y que cumple su labor de forma rigurosa y garantista.

En el capítulo de la represión también sufrimos, entre otras, las vulneración de derechos fundamentales; la intervención y congelación de las cuentas bancarias que impiden que atendamos nuestras obligaciones con las personas más necesitadas; la censura de internet y de medios de comunicación; la violación del secreto postal; las detenciones de servidores públicos; y la brutal violencia policial ejercida contra población civil pacífica el día 1 de octubre.

Nuestra propuesta de diálogo es sincera, pese a todo lo ocurrido, pero lógicamente es incompatible con el actual clima de creciente represión y amenaza.

Nunca creí que se podría pervertir tanto el término represión hasta hacerlo equivalente a aplicación de la ley por parte del Estado de Derecho. Puigdemont formula una petición imposible a Rajoy. Ya sabemos que ni la parte derogada del actual Estatut, que regulaba las competencias judiciales, ni la ley de transitoriedad jurídica catalana, contemplan una división de poderes real, con un poder judicial independiente. Eso puede explicar los problemas de Puigdemont para entender que no está en manos del Presidente del Gobierno paralizar las actuaciones de unos juzgados y tribunales que son independientes.

Sobre el prestigio de los Mossos, lo cierto es que las investigaciones en curso pintan un panorama diametralmente opuesto, en el que hay numerosos indicios del uso político de la policía autonómica catalana y de que no cumplirían sus funciones con tanto celo cuando se trataba de políticos catalanes.

Es difícil ver vulneración de derechos fundamentales por ninguna parte: no ha habido censura de internet ni de medios de comunicación (lo de internet se referirá, de modo muy puntual y por orden judicial, a las páginas que servían para albergar la información sobre aspectos concretos, como los colegios electorales, del referendum ilegal), de hecho son los medios nacionales no independentistas los que han tenido en ocasiones dificultades para trabajar en Cataluña por la presión independentista. No existe violación del secreto postal, en la medida que es una actuación autorizada por un juez, con unas garantías y durante un periodo limitado en el tiempo. Los servidores públicos a los que se refiere, son detenidos por delitos de prevaricación al utilizar medios públicos para actos ilegales. Lo que me hace más gracia es lo de que la congelación de sus cuentas les impide cumplir sus obligaciones con las personas más necesitadas. Habrá que preguntar a Puigdemont a que ONGs contribuye.

El victimismo del independentismo catalán, que busca de algún modo equiparar su situación a la kosovar para justificarse a sí mismos de que están al límite y no existe más alternativa que independizarse, recuerda mucho a la pataleta de un niño mimado y consentido por demasiado tiempo. Nunca ha gozado Cataluña de mayores niveles de autogobierno en todos los niveles, con un amplio uso oficial del catalán, y un gran desarrollo económico. Todo esto se ha logrado en el marco de una Constitución, la de 1978, que obtuvo un consenso nunca conocido en nuestra historia democrática.

La detención de los dos Jordis, el mismo día de esta carta, tampoco es una represión política. Como líderes de dos organizaciones influyentes, durante los disturbios que precedieron al 1 de octubre, estuvo en su mano rebajar la tensión y contribuir al diálogo. Sin embargo, echaron más leña al fuego y exaltaron todavía más los ánimos de unos seguidores que llegaron a retener ilegalmente a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, además de causar destrozos materiales a sus vehículos.

La segunda petición es que concretemos, lo antes posible, una reunión que nos permita explorar los primeros acuerdos. No dejemos que se deteriore más la situación. Con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo de cara, estoy seguro que podemos encontrar el camino de la solución.

Sí, reúnanse, pero teniendo claro que hay que volver a la legalidad. Actuemos con seny.

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